Crisis política y agresión norteamericana (1987 – 1989):
Por Olmedo Beluche
 
Como quiera que el debate sobre Noriega y la elección de Pedro M. González mantiene vivo el debate sobre la última invasión norteamericana a Panamá continuamos reproduciendo otro apartado de nuestro libro “Diez años de crisis políticas y sociales en Panamá (1980-1990)”.
 
1. Las primeras contradicciones con Estados Unidos:
 
En medio del bajón relativo de la lucha de clases nacional, que se produjo desde mediados de 1986 hasta mediados de 1987,empezó a gestarse otro tipo de conflicto, el cual jugaría un papel relevante en la más aguda crisis política que se abrió en junio de 1987. Sectores de la administración norteamericana, ubicados principalmente en el Departamento de Estado y en el Senado, empiezan a realizar presiones y denuncias de distinto tipo contra el gobierno panameño y las Fuerzas de Defensa.
 
Son dos los problemas en que se confrontan las posiciones del gobierno de Estados Unidos y de Panamá, por un lado, el carácter de la participación panameña en la crisis centroamericana, específicamente el papel del Grupo de Contadora, y por otro, la marcha del proceso de democratización, que entró en crisis con el derrocamiento de Barletta.
 
En cuanto a la crisis centroamericana, es en este momento cuando la política de Estados Unidos está en un punto crucial: la «contra» ha sido derrotada militarmente, y para evitar su debacle el Congreso norteamericano ha tenido que destinarle 100 millones de dólares de ayuda oficial. Además han surgido diferencias en torno al Acta de Contadora (octubre de 1984), la cual ha sido cambiada (septiembre de 1985) a propuesta de Honduras, El Salvador y Costa Rica en algunos aspectos (congelación de armamentos) considerados lesivos para Nicaragua, surgiendo en junio de 1986 una nueva versión sugerida por este último país (14).
El gobierno de Estados Unidos decide en este momento dejar de lado la mediación del llamado Grupo de Contadora (México, Colombia, Venezuela y Panamá), cuyos gobiernos parecen más dispuestos a hacer algunas concesiones a los sandinistas, prefiriendo optar por las reuniones de presidentes del área centroamericana, constituidas por gobiernos proclives a la influencia directa de Washington, en las que Nicaragua estaba en absoluta minoría.
 
Pese a los buenos oficios rendidos por el Grupo de Contadora, al lograr la disposión del gobierno sandinista para firmar un acta que neutralizaba el avance revolucionario en Centroamérica, para Estados Unidos siempre era posible arrancar mayores concesiones mediante las reuniones de presidentes centroamericanos. Por supuesto, desde la perspectiva del gobierno panameño, y de las FDP, esto significaba perder el importante papel mediador que desde 1979 venían desempeñando, para convertirse en simples peones de la crisis regional.
 
En cuanto al plan de democratización panameño, era evidente que había sufrido un fracaso estruendoso, después de un año de crítico gobierno de Barletta. La forma como éste había caído, las movilizaciones contra el ajuste, que las masas populares en Panamá consideraran que no existía democracia y que para ellas el régimen seguía siendo igual al de antes de 1984, la posibilidad abierta de que la movilización popular desembocara en una crisis mayor (incluso una guerra civil), significaba que la estrategia de reacción democrática estaba en crisis, o no se estaba implementando bien en Panamá.
 
Evidentemente, los militares panameños seguían influyendo en la vida política panameña más de lo que debían. De modo que las instituciones «democráticas» se veían castradas en el papel que les correspondía como entidades con capacidad para concentrar las expectativas populares para que resolvieran sus problemas. Para el pueblo panameño era evidente que no era el presidente, o la Asamblea Legislativa, o los partidos políticos, quienes tomaban las decisiones, sino la cúpula militar.
 
Sectores del Departamento de Estado, a cuya cabeza estaba Elliot Abrams, Secretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos, empezaron a presionar para que las FDP dieran pasos concretos que convencieran a las masas panameñas de que se vivía un proceso democrático. Y este paso, después de la crisis producida por el asesinato de Hugo Spadafora, en septiembre de 1985, sólo podía ser el retiro del general Noriega de la Comandancia de las FDP.
 
Por supuesto, el gobierno norteamericano no pretendía, en un principio, la liquidación completa de las instituciones del régimen militar panameño, ni el cambio radical de manos del gobierno. Nada más lejos de sus objetivos que crear inestabilidad política. Su objetivo era propiciar un proceso de democratización que garantizara una relativa estabilidad política, que a su vez permitiera la implementación de la política económica fondomonetarista. Esta era la política hacia el conjunto de América Latina en los ochenta, y Panamá no era una excepción.
 
En los momentos decisivos de la crisis, Estados Unidos no centró sus exigencias: ni en el retiro del presidente Delvalle, pese a que también era producto de un fraude electoral; ni en otorgar el gobierno a los partidos de la ADO; ni en la liquidación de las FDP. El problema central siempre fue la fecha para el retiro de Noriega, y las medidas que hicieran creíble al pueblo panameño que se «avanzaba» hacia la democratización del régimen.
 
Pero Noriega y su cúpula militar veían las cosas de otro modo. Para ellos, el desarrollo de las Fuerzas de Defensa hasta convertirse en un ejército eficiente e influyente, tanto en Panamá como en Centroamérica, capaz de proteger el Canal sin presencia militar norteamericana, estaba asociada a la permanencia del poder político en sus manos. Incluso, la posibilidad de enriquecerse ilícitamente, como de hecho hicieron muchos oficiales, estaba ligada al control del aparato del estado. Un esquema político en el que, los militares no sólo aparentaran sumisión ante el poder civil, sino que en realidad estuvieran sometidos a él, implicaba una ruptura radical con la práctica de los militares panameños desde 1968.
 
Aunque posteriormente, cuando la confrontación con Estados Unidos se profundizó, pese a que el general Noriega y sus amanuenses pretendieron argumentar en su favor objetivos «nacionalistas» y tercer mundistas, al principio de su régimen éste se comportó como buen aliado de los norteamericanos, tanto en política nacional como centroamericana. Recordemos nuevamente que la postulación de Ardito Barletta fue un acuerdo entre ambos, y que el proyecto de militarización de la Guardia Nacional, impulsado por Noriega, fue firmemente apoyado por el Comando Sur norteamericano.
 
Noriega, en diversos momentos, sobre todo después de las elecciones de mayo de 1989, se mostró dispuesto a aceptar un presidente de la ADOC, y un gobierno compartido con dicha alianza. Lo que no aceptaba era que se le impusiera una fecha de retiro. O sea, él deseaba un plan al «estilo Pinochet», en el que la «democratización» no tocara la autonomía de las Fuerzas de Defensa.
 
Según versión del propio Noriega, las presiones norteamericanas empezaron en diciembre de 1985, cuando el almirante John Poindexter, Consejero de Seguridad de la Casa Blanca, le solicitud apoyo para una agresión militar contra Nicaragua, y supuestamente él se negó. Milton Martínez, en el libro que ya hemos citado (15), hace una detallada cronología de hechos que se suscitaron en 1986, y que revelan las presiones realizadas por el gobierno norteamericano. En enero de 1986, es reemplazado el embajador norteamericano en Panamá Everett Briggs por Arthur Davis, el cual viene de Paraguay, donde ha jugado un activo papel apoyando a la oposición para presionar a la dictadura militar de dicho país por reformas democráticas. Su nombramiento es un claro mensaje para el régimen militar panameño.
 
En una declaración ante el Subcomité del Senado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Davis emitió dudas sobre el respeto a los derechos humanos en Panamá y respecto del proceso de democratización. Estas declaraciones generaron un fuerte roce con el gobierno panameño. Una resolución del Comité Ejecutivo del PRD dijo al respecto:
 
«Tales expresiones son reflejo de la campaña orquestada por un sector del Departamento de Estado con la intención de forzarnos a aceptar dictados impopulares en la conducción política panameña. Este mismo proyecto pretende alinear a Panamá dentro de la estrategia guerrerista que quiere crear las condiciones para intervenir en Centroamérica» (16).
 
En febrero de 1986, el Departamento de Estado hizo público un informe sobre derechos humanos en el que se incluye la denuncia de la violación de los mismos por parte del gobierno panameño. En mayo de 1987 se repetiría un informe similar. A las denuncias de violaciones de derechos humanos se sumaron acusaciones respecto a la vinculación de Noriega con el narcotráfico y el lavado de dinero. El 2 y 3 de junio de 1986 el diario New York Times publica declaraciones de funcionarios del Departamento de Estado que señalan a Manuel Noriega como parte de una red internacional de narcotráfico. Este tipo de denuncia por parte de funcionarios norteamericanos se harían más frecuentes durante la crisis política desatada un año más tarde.
 
En un principio, el general Noriega respondió tratando de demostrar la buena voluntad de su régimen para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero. Así tenemos que en diciembre de 1986se aprobó una nueva regulación para controlar las cuentas bancarias que podrían ser susceptibles de utilizarse para actividades ilícitas. Y en mayo de 1987 se realiza la «Operación Piscis», por la que son intervenidas 54 cuentas bancarias en 18 bancos, se detienen unas 40 personas e incautan hasta 18,000 libras de cocaína.
 
Pero, como la crisis política continuó profundizándose, estas acciones no bastaron para satisfacer al gobierno norteamericano, y las denuncias se convertirían en un verdadero encauzamiento judicial a principios de 1988. Por otra parte, la opinión pública panameña recibía tales acciones represivas contra el narcotráfico con escepticismo, pues se consideraba que no tocaban los negocios ilícitos de la cúpula militar.
 
 
2. La crisis política de junio de 1987:
 
 
También en el plano de la democratización Noriega intentó tender puentes hacia las exigencias del Departamento de Estado y de la oposición burguesa panameña, presentando al Coronel Roberto Díaz Herrera, el segundo al mando de las FDP, como parte del sector «duro», que se resistía a los cambios.
 
En abril de 1987, durante la realización del Congreso Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE 87), mientras el Coronel Díaz Herrera denunciaba como desestabilizadoras las exigencias de sectores empresariales y norteamericanos por el retiro del general Noriega, el propio general, cuando le tocó hablar, después de haberse ido Díaz, señaló a los empresarios que ya podían conversar pues se había retirado quien no quiere el diálogo con ellos a lo interno de las FDP.
 
Unas semanas más tarde, el 1 de junio, fue anunciada la jubilación del Coronel Díaz Herrera «como una vía para asegurar un propuesto diálogo de las FDP con sectores no gubernamentales» (17). Esta jugada pareció, por un momento, que ayudaría a concretar un acuerdo entre la oposición y el gobierno. Ya que la jubilación forzada de Díaz Herrera, fue acogida con entusiasmo por algunos dirigentes opositores, como los demócratas cristianos, Guillermo Cochez y Carlos Arellano. Este último dijo: «su retiro es un hecho positivo para la Guardia Nacional, ya que conel Coronel Díaz Herrera desaparece el principal ente politizador partidista dentro de la institución» (18).
 
Díaz Herrera, por ser familiar del extinto Omar Torrijos y por sus relaciones políticas con los sectores izquierda del PRD, era considerado por muchos sectores empresariales como émulo del extinto General. Díaz Herrera fue dado de baja aduciéndose «problemas mentales». Su retiro rompió un maltrecho pacto secreto (que él dio a la publicidad) entre la alta oficialidad de las FDP, según el cual, el siguiente en pasar a retiro era Noriega, tocándole al Coronel Díaz la Comandancia.
 
Sin embargo, no toda la oposición, ni los funcionarios norteamericanos, estaban completamente satisfechos. En un comunicado emitido por la Alianza Democrática de Oposición, el día 4 de junio, se señaló que es imprescindible que las FDP dejen de intervenir en política. Por su parte, Arias Calderón, presidente de la Democracia Cristiana denunció que el proceso de jubilación castrense «sigue siendo selectivo e incoherente».
 
La misma semana en que se comentaba la jubilación forzosa de Díaz Herrera, el presidente Eric Delvalle anunciaba que concretarían próximamente las reformas a la seguridad social, consistentes en un aumento de las cuotas de los trabajadores y de la edad para jubilarse. Los gremios obreros, CONATO y SITIRHE, señalaron que las reformas al Seguro Social llevarían al país a la violencia.
 
Es conveniente hacer notar que, pese a no vivirse un ascenso de luchas como el de 1985, en esas fechas se desarrollaban conflictos laborales parciales como la huelga de trabajadores de la fábrica textil Durex, exigiendo mejoras salariales en la convención colectiva, y de los obreros de la Dirección Metropolitana de Aseo (DIMA) también por aumentos salariales. En abril, la FENASEP había realizado su cuarta huelga nacional de dos días de duración, protestando contra el incumplimiento de una escala salarial acordada entre los empleados y la dirección de la Caja de Seguro Social, contra los despidos realizados en el Instituto Nacional de Cultura, y el retardo en la aprobación de la ley de Carrera Administrativa. Panamá seguía siendo un país acuciado por las reivindicaciones obreras, aunque éstas hubieran disminuido en intensidad.
 
En este caldeado ambiente aparecen las declaraciones del Coronel Díaz Herrera, que el diario La Prensa recién se atrevió a publicar el domingo 7 de junio, pues desde varios días antes había entregado una declaración grabada al Canal 13 de televisión, el cual no la emitió completa. Díaz admite haber dirigido personalmente el fraude electoral de 1984 en su casa, señala a Noriega y otros subalternos como los asesinos de Hugo Spadafora, y hace otras denuncias sobre corrupción gubernamental, de lascuales admite haber sido testigo y partícipe.
 
Llama la atención que en la misma portada del diario La Prensa en que aparecen las declaraciones de Díaz Herrera, hay una noticia en la que John Galvin, asumiendo la jefatura del Comando Sur norteamericano, dice que las elecciones de 1989 serán determinantes para el futuro del Canal, y que confía que las FDP apoyarán el proceso democrático (19). ¿Será un hecho casual, o Díaz Herrera fue inducido por algún funcionario estadounidense para realizar esas declaraciones?
 
Estas declaraciones, por provenir del que hasta hacía poco fue el segundo al mando de las FDP, y porque parecían confirmar anteriores denuncias contra el régimen militar, causaron una conmoción nacional. Al día siguiente, lunes 8, se produjeron manifestaciones públicas de repudio al régimen, y los partidos políticos se pronunciaron exigiendo una investigación de las denuncias de Díaz acompañada de una separación del cargo del general Noriega. El Partido Demócrata Cristiano reajusta su línea y dice: «el momento ha llegado de que todos los panameños civiles y militares, que amamos nuestra patria… reaccionemos para salvar a Panamá y a nosotros mismos».
 
El martes 9, condimentada por más revelaciones de Díaz Herrera, la crisis llega a tal punto que el Ministro de Gobierno y Justicia, Rodolfo Chiari, amenaza con una supresión de las garantías constitucionales. En tanto, una asamblea de oficiales de las FDP respalda a su comandante en jefe con la consigna de «ni un paso atrás». En las calles se producen confrontaciones estudiantiles con los antimotines en las que participan universitarios y secundarios.
 
Ese mismo día se da a conocer una carta firmada por el Senado norteamericano «al pueblo panameño», en la que señalan: su supuesto respaldo a «una democracia genuina libre de absolutismo» para Panamá, aclaran que ellos no pretenden quedarse con el Canal, y que una resolución anterior, en la que ellos respaldan la ley panameña contra el lavado de dinero, que se aprobó en diciembre de 1986, no debe interpretarse como un respaldo a Noriega.Ese mismo día la Coordinadora de Información Pública de la embajada de Estados Unidos emite un comunicado en el que brinda apoyo a todos los panameños para que se logren aclarar los hechos denunciados (20).
 
El mismo martes 9 de junio en la tarde, por convocatoria de la emisora radio KW Continente se reúnen miles de personas en la Vía España exigiendo el retiro de Noriega y la instauración de Arnulfo Arias en la Presidencia (21). Acuden personalmente los más importantes dirigentes de la oposición Arnulfo Arias, Ricardo Arias Calderón, Carlos I. Zúñiga y otros. La manifestación es disuelta por las FDP. Noriega, por su parte, denuncia que se intenta un golpe de estado por parte de quienes perdieron el poder en 1968, y no quieren esperar las elecciones de 1989.
 
Esa noche, una reunión de 26 organizaciones, «bendecida» con la presencia de la Iglesia Católica, conformada por gremios empresariales (Cámara de Comercio, SIP, CONEP, etc.), partidos políticos de oposición (Panameñista, Democracia Cristiana, PAPO, etc.) y algunos gremios laborales (Maestros Independientes, Asoc. de Profesores, médicos, etc) crean la Cruzada Civilista Nacional. La Cruzada Civilista se organiza con el objetivo central de: «Rescatar y reconstruir las instituciones que garanticen la justicia y una verdadera democracia en nuestro país».
 
En un principio, muchas personas confundidas creyeron que la Cruzada Civilista era una reedición de la Coordinadora Civilista (COCINA), ya que veían allí a los mismos gremios docentes y médicos que integraron el movimiento de 1984. Pero se equivocaban porque COCINA, por su composición, por sus dirigentes y por su programa era un organismo eminentemente de capas medias, profesionales (médicos, docentes y estudiantes) y asalariados. Mientras que la Cruzada, por el contrario fue, desde sus inicios, una organización controlada por la burguesía, sus gremios y sus partidos, en la que marchaban como furgón de cola los gremios de capas medias y asalariados.
 
Si el objetivo central de COCINA era combatir el paquete fondomonetarista (Ley 46), que a su vez era el centro de la política económica impuesta por el imperialismo norteamericano; el objetivo central de la Cruzada fue el de presionar por la salida de Noriega de las FDP, para garantizar el plan de democratización, y siempre funcionó en concordancia con la embajada norteamericana. Los dirigentes indiscutibles de COCINA eran dirigentes gremiales, asalariados del Estado, como Mauro Zúñiga (médico), Néstor Méndez y Marcos Alarcón (docentes). Los dirigentes de la Cruzada fueron líderes empresariales como Aurelio Barría (Cámara de Comercio), Carlos Valencia (industrial), etc.
 
La creación de la Cruzada permitió a la burguesía, y por su intermedio al imperialismo norteamericano, la cooptación para su política de un sector masivo de las capas medias y los asalariados que de otra forma habrían actuado en medio de la crisis independientemente y hasta confrontados con sus objetivos. La Cruzada suministró el apoyo necesario para enfrentar a Noriega y al régimen militar, apoyo que los partidos de la ADO por si mismos no tenían.
 
La Cruzada le permitió a la burguesía panameña pasar a dirigir, y después neutralizar, el proceso de ruptura de las masas panameñas con el régimen militar. Desde el punto de vista del plan de reacción democrática la Cruzada representó un proyecto político factible de recambio al régimen, pues contaba con apoyo de masas. Para consolidarse como dirección de las masas que salían espontáneamente a las calles a protestar contra el régimen militar, y también para forzar el retiro de Noriega, la Cruzada no dudó en convocar movilizaciones y paros patronales.
 
El miércoles 10 de junio, cuando aún las masas ignoraban qué era la Cruzada, las movilizaciones callejeras, sobre todo estudiantiles, llegaron a un punto culminante. El centro de la ciudad fue virtualmente paralizado por centenares de jóvenes que colocaban barricadas e incendiaban llantas. Eran tantos y en lugares tan dispersos que a media tarde los antimotines de las FDP, completamente agotados, renunciaron a reprimir a los estudiantes universitarios.
 
Conforme caía la noche, y las personas se retiraban a pie hacia sus casas, pues casi no había transporte público, las barricadas se extendían por los barrios de las afueras. Se había producido una especie de insurrección espontánea, sin que se pueda señalar con claridad un organismo que la convocara, pero en la que los estudiantes desempeñaron un rol esencial. Esa noche fueron suspendidas las garantías constitucionales, se cerraron los diarios y emisoras de oposición y fue militarizada la ciudad de Panamá.
 
Por su parte, la dirigencia sindical de CONATO y FENASEP, que habían liderizado tan importantes luchas contra el plan económico de los gobiernos de Barletta y Delvalle, durante todos estos días decisivos desaparecieron de la escena. Esto sucedió justo cuando la ruptura de las masas populares llegaba al punto de salir a la calle a exigir que se fuera Noriega y su régimen. El hecho de que estos gremios no movilizaran contra el régimen y su máxima figura, y que, por el contrario, estos organismos se pronunciaran a favor de los militares, facilitó que la Cruzada Civilista ganara a las masas polares a su favor.
 
En vez de crear una fuerza política independiente, y en contraposición a la Cruzada, los dirigentes de CONATO y FENASEP aparecieron a los ojos de las masas, y así los denunció la Cruzada, como parte de los defensores del régimen militar. Para que FENASEP y CONATO pudieran disputar la dirección del movimiento de masas a la Cruzada, rescatándolo de manos del proyecto burgués y pronorteamericano, tendrían que haber salido a exigir la renuncia de Noriega y llamar a la huelga general en los momentos claves de la crisis.
 
Pero enfrentar al régimen era mucho pedir a los dirigentes de CONATO y FENASEP, que eran parte de una burocracia sindical atada por el general Torrijos con sólidos lazos al régimen militar a principio de los años 70. Esta burocracia no sólo debía favores y tenía vínculos soterrados con miembros de la alta oficialidad, sino que los elementos más sanos e independientes de la misma eran, en su mayoría, ideológicamente «torrijistas». Con lo que lo único que podían exigir, y así lo hicieron, eran «rectificaciones» no un cambio de régimen político, que es lo que los trabajadores y las masas pedían.
 
De ahí su papel vacilante a lo largo de la crisis, en los mejores momentos, o como simple furgón de cola de la política del general Noriega. En junio de 1987, se empezaron a crear las condiciones políticas que favorecerían la invasión militar norteamericana dos años después, y que esta fuera recibida con los brazos abiertos por un sector significativo del pueblo panameño.
 
Respecto a otros sectores del movimiento popular, como el Frente Estudiantil Revolucionario (FER-29) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), los cuales aparecían independientes tanto de la Cruzada como del régimen militar, eran muy marginales para poder definir la situación. Y, aunque se ubicaron correctamente y con claridad del lado de las masas que luchaban contra el régimen, por momentos, no supieron interpretar y responder adecuadamente contra el fenómeno que representaba la Cruzada Civilista.
 
Recién el sábado 13 junio, CONATO y FENASEP convocaron una reunión en la que se fundó la Coordinadora de Organizaciones Populares de Panamá (COPP). El texto del primer manifiesto del COPP refleja la vacilación con que la dirigencia sindical denunciaba al régimen que ya las masas repudiaban en las calles: «Nuestro pueblo comprende que la enérgica protesta popular que viene desarrollándose en los últimos tiempos en nuestro país, y que pretendieron ser instrumentalizadas alevosamente por los propios enemigos del pueblo, tienen como base el agotamiento de un modelo políticoy económico que actúa contra los genuinos intereses nacionales y populares» (22).
 
La siguiente semana discurre bajo el estado de sitio, por lo que son aplacadas las manifestaciones. El 24 de junio el Departamento de Estado emite un comunicado que dice: «Los Estados Unidos de América apoyan el derecho legítimo del gobierno panameño de mantener el ordeny la paz dentro del país, mientras que se respeten los derechos humanos y la libertad política de todos los panameños» (23).
 
Dos días después el Senado norteamericano emite una resolución que sintetiza las aspiraciones políticas de Estados Unidos en Panamá exigiendo que se restauren las garantías constitucionales; que exista una genuina autonomía de las autoridades civiles y un repliegue progresivo de las FDP de la actividad política; que se propicie un esclarecimiento público de las acusaciones (de Díaz Herrera); y, en su parte final señala:
 
«5) De acuerdo con los principios universalmente reconocidos de procedimiento justo, para garantizar la objetividad en la investigación, para preservar la integridad de la institución militar y en respuesta al comunicado dado a conocer por la Cruzada Civilista …, el gobierno de Panamá debe aplicar medidas del Código Judicial de Panamá … y ordenar al actual Comandante de las Fuerzas de Defensa de Panamá y cualesquier otros oficiales implicados, a abandonar sus deberes, pendientes de lo que resulte de la investigación independiente» (24).
 
Como se puede apreciar, todo el acento está cargado en lograr la salida de Noriega de la Comandancia de las FDP, ni siquiera se plantea un cambio de gobierno, ni mucho menos de régimen. Al sugerir el retiro «progresivo» y no inmediato de las FDP de la vida política, significa que avalanel proceso de democratización restringido, pero quieren que se retoque quitando del camino a Noriega. La Cruzada se mantendrá en esta línea, centrando sus exigencia en rogar que Delvalle destituya a Noriega, lo que sucederá posteriormente.
 
Ante esta declaración, el CONATO instó a romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero sin agregar ninguna crítica al régimen encabezado por Noriega, lo que reafirmaría a los ojos de los trabajadores los vínculos de su dirigencia con los militares.
 
El lunes 29 fueron restituidas las garantías constitucionales, lo que indica que el gobierno panameño tiende un puente a los norteamericanos al acatar un aspecto del llamado del Senado. Pero, paralelamente se convoca para el 30 de junio una manifestación de sectores que apoyan al gobierno, principalmente de empleados públicos, que protesta contra la resolución del Senado por inmiscuirse en los asuntos internos de Panamá. La manifestación culmina con un piqueteo y apedreamiento de la embajada norteamericana, lo que inmediatamente vuelve a tensar las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.
 
Ese día la Asamblea Legislativa, exige al presidente Eric Delvalle que pida al embajador norteamericano, Arthur Davis, que abandone el país. El Departamento de Estado responde: «Respaldamos los esfuerzos que el embajador Davis ha realizado en Panamá durante las últimas semanas» (25). El mismo 1 de julio turbas leales al gobierno apedrean el local del Partido Demócrata Cristiano, y al día siguiente incendian un almacén de la familia Eisenmann, propietarios del principal diario opositor, La Prensa.