Cuando en las elecciones del año 2017 Lenín Moreno derrota al empresario Guillermo Lasso, los ecuatorianos decidían profundizar el modelo económico y social impulsado por Rafael Correa. A pesar de ello, a los pocos meses, Moreno gira – ideológicamente – hacia la derecha, se alía con sus oponentes e inicia un proceso de persecución judicial contra sus ex compañeros para lo cual resquebraja la institucionalidad interviniendo el Poder Judicial y otros órganos de control.
La persecución comienza en diciembre de 2017 con el encarcelamiento de su ex vicepresidente, Jorge Glas, acusado de corrupción por el caso Odebrecht, quien resultaba un obstáculo para el viraje de Moreno. El Poder Judicial, entonces, optó por la prisión preventiva de Glas, sin más pruebas que la acusación de José Conceição dos Santos, ex director de la constructora brasileña. Lo más sorprendente del caso es que Glas haya sido juzgado con el derogado Código Penal de 1971, y no con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde 2014.
En febrero de 2018, a través de la pregunta 3 del referéndum impulsado por Moreno, el pueblo le otorga la potestad de reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el CPCCS cesado y – además anticipar la terminación de sus periodos en el cargo. Así se constituye el CPCCS-T (transitorio), conformado por personas propuestas por el propio Ejecutivo, siendo sustituidos de sus cargos, el Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo, tres jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y nueve jueces de la Corte Constitucional (CC). En definitiva, con las nuevas alianzas en la Asamblea Nacional, Moreno tenía el control del Legislativo, del CPCCS (cuarto poder, encargado de la transparencia y el control social) y del Consejo Nacional Electoral (quinto poder). Posteriormente, en marzo de 2019, se eligió – por voto popular – a los nuevos miembros del CPCCS; sin embargo cuatro de los electos –considerados “correístas” fueron separados al poco tiempo tras proponer una investigación a la actuación del CPCCS-T.
En octubre de 2018,la asambleísta Sofía Espín realizó una visita a la ex agente policial Diana Jéssica Falcón, implicada en el secuestro del Fernando Balda, ex colaborador, y posterior enemigo político de Correa. Falcón acusó a la asambleísta de ofrecerle dinero y asilo para que se retracte y que no incluya en su acusación al ex presidente. Un mes después, en noviembre, la Asamblea Nacional decidió, con 94 votos (entre 137 asambleístas) destituirla de su cargo. El pasado 5 de diciembre, la Fiscal de la Nación, Diana Salazar, dio un dictamen en el que se abstiene de continuar con el proceso judicial contra Sofía Espín.
Un tercer caso se produjo el 13 abril del presente año cuando la fiscalía solicitó la prisión preventiva contra el ex canciller Ricardo Patiño por el delito de instigación, acusándolo por decir, durante la IV Convención Nacional de su partido: “cambiamos la estrategia de resistencia pasiva y organizada a la resistencia combativa. Tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos”. Esta solicitud fue rechazada por la jueza Beatriz Benítez y – posteriormente – la Fiscal General inició una investigación contra ella. Debido a las acusaciones, el 17 de abril, Ricardo Patiño decide salir del país – vía Perú – y asilarse en México. Al día siguiente, se llevó a cabo – en Cotopaxi – una audiencia en la que se ratificaba el pedido de prisión preventiva contra Patiño. Asimismo, el juez solicitó una alerta roja a la INTERPOL para la captura del ex canciller. Sin embargo, el pasado 17 de noviembre, el organismo remite un comunicado al gobierno de Moreno negando el pedido y argumentando que no es conforme con los artículos (2)[1] y (3)[2] de sus estatutos. Es decir, la INTERPOL decide no actuar debido al carácter político de la solicitud de prisión preventiva. Es importante señalar que no es la primera vez que la INTERPOL se niega a las solicitudes del gobierno ecuatoriano; en este sentido, el 6 de diciembre de 2018, hizo lo propio contra una petición para emitir una alerta roja contra el ex presidente Rafael Correa, por el caso Balda, y el 29 de abril rechazó el recurso de revisión presentado por Ecuador. En este caso, la INTERPOL también ve indicios de persecución política.
La crisis política se agravó aún más cuando, en octubre pasado, el presidente Moreno anunció una serie de medidas destinadas a reducir el déficit fiscal, entre las que se encontraban el alza del precio de los combustibles, la flexibilización laboral, la reducción del gasto público, y exoneraciones tributarias a grandes empresas, entre otras. Estas medidas eran parte de las condiciones impuestas por el FMI para otorgar un crédito de USD 4.200 millones solicitado por el gobierno. Las protestas sociales fueron en aumento, y – después de 11 días – tuvieron un saldo final de 8 muertos, 1.340 personas recibieron atención médica y 1.192 detenidos.
Con cargos ligados a las protestas, fueron encarcelados los opositores Alexandra Arce (ex alcaldesa de Durán), puesta posteriormente en libertad; Virgilio Hernández (Secretario General de la Revolución Ciudadana y ex asambleísta); Paola Pabón (prefecta elegida por Pichincha); y, Christian González (militante de la organización Bulla Zurda). El 6 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a favor de estos tres últimos. La medida se da en un momento importante pues la prefecta Pabón, que cuenta con 60 días de licencia sin remuneración, que finaliza el próximo domingo 8, podría ser despojada de su cargo por ausencia si la prisión preventiva no es revocada.
No hay que olvidar tampoco los casos de Julian Assange, entregado – ilegalmente – al Reino Unido, para posteriormente aceptar su extradición a EEUU, luego que la justicia sueca archivara los cargos por violación por los cuales se encontraba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Así tampoco, los casos de Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Sol Buendía, quienes se encuentran asilados en la Embajada de México en Quito denunciando amenazas contra su integridad.
En definitiva, son los organismos internacionales quienes están poniendo en evidencia la persecución política por parte del “morenismo”, y – con ello – la captura de los órganos judiciales, de fiscalización y control social.
Pero no sólo las derrotas se han dado en el plano político-judicial, después de las protestas contra el “paquetazo” (Decreto 883), el gobierno elaboró otra propuesta, conocida como “ley de crecimiento económico”, la cual fue denegada y archivada el pasado 17 de noviembre.
Con la crisis actual, la “muerte cruzada” sigue siendo una opción válida.
* Alfonso Bermejo. Consultor en Cooperación al Desarrollo
[1] Sus fines son: “conseguir y desarrollar, dentro del marco de las leyes de los diferentes países y del respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la más amplia asistencia recíproca de las autoridades de policía criminal”
[2] “Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”
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http://www.noticiasser.pe/informe/ecuador-la-persecucion-politica-los-opositores-de-lenin-moreno