La desinversión que afecta al Sistema Sanitario Público, posibilitada por las políticas neoliberales y austericidas, que prefirieron, naturalmente, rescatar a la banca hace 13 años, han ralentizado la atención sanitaria y sobre todo se han cebado en la Atención Primaria, que ha cargado con la peor parte de esta tendencia económica de recortes. Era de esperar en un sistema centrado en los hospitales e infiltrado de entidades privadas, más sinérgicas con la cultura de la medicina de catálogo y los hospitales. Cataluña ha sido el alumno adelantado en esta precarización; junto con Madrid es la autonomía más privatizada, y también la que ha descendido más en el ranking de eficiencia. Se encuentra entre las cuatro peores de España, junto con Andalucía, Murcia y Valencia (Eurostat 2019/FADSP 2018). La cobertura sanitaria mixta (Sistema Público + Mutuas Privadas) en la ciudad de Barcelona es de un 35%.
Y llegó la pandemia, con las consecuencias que todos conocemos. Una de ellas es el estado de shock que produce en la población, al enfrentarse a algo desconocido y peligroso y que, posteriormente, ha sido muy bien aprovechado para normalizar lo inaceptable. Todos hemos conocido las cifras astronómicas que se han derivado a entidades privadas, mientras se evitaba a toda costa reforzar convenientemente los recursos públicos. El contrato de rastreo firmado con Ferrovial, nada más y nada menos que 18.000.000 €s, los 43.000 €s que se pagaron a las UCIS privadas por paciente…
Otra de las consecuencias, ha sido el empeoramiento de los problemas de accesibilidad, ya crónicos antes de la pandemia. En la primera fase, fue absolutamente grave la imposibilidad de comunicarse con casi todos los dispositivos. En el caso de la Atención Primaria, catastrófico, a pesar de los esfuerzos de organizaciones, profesionales y ciudadanía que finalmente consiguieron mantener abiertos estos dispositivos vitales. La atención virtual, ha supuesto un avance, pero ha dejado a muchas personas fuera por falta de habilidades y medios. No debemos descuidar este problema: la brecha digital no es solo una frase; muchas personas la padecen y comporta, en sentido global, un riesgo para su salud. No obstante, no creo que debamos rechazar esta incorporación tecnológica que puede suponer un avance en la accesibilidad, pero que también puede haber venido para quedarse sin condiciones;otra vía para seguir descapitalizando el sistema de profesionales.Las visitaspresenciales no se han recuperado todo lo que sería deseable, y el riesgo de perder, en parte, este aspecto esencial es considerable y preocupante. Las cifras totales de presencialidad en la Atención Primaria no van más allá, en el mejor de los casos, de un 25%; es verdad que aquí juega también el factor de la propia contención de los ciudadanos que, con frecuencia, perciben riesgo en acceder a los centros sanitarios.
Otro aspecto de la accesibilidad son las llamadas listas de espera, que constituyen un espacio de opacidad con criterios poco transparentes para la ciudadanía. Las líneas rojas han saltado por los aires en el caso de especialidades y exploraciones diagnósticas, con compromisos establecidos por el gobierno en 30-90 días, dependiendo de la prioridad del problema de salud (Ordre SLT/102/2015). Cataluña es la segunda comunidad con mayores tiempos de espera para cirugía, 223 días, y 158 para visita de especialistas (La Vanguardia, 12 de Diciembre de 2020/OCU Dic 2020). La propia administración ha manifestado que puede tardar entre 18 y 21 meses en recuperar el ritmo normal de las demoras (El País, 29 de Diciembre de 2020).
El ejemplo más sangrante de falta de accesibilidad lo tendríamos en las residencias de mayores donde, por medio de la adjudicación desde hace años a entidades privadas, como Mutuam, se ha desvinculado a las personas de la cartera de servicios de la Atención Primaria. Añadido a esto la mercantilización de estos centros, se ha propiciado el desastre que todos conocemos y muchos en primera línea de sufrimiento. Las consecuencias durante la pandemia han sido devastadoras hasta que, finalmente, se decidió que los equipos de primaria atendieran los restos del naufragio.
Todo pasará su factura, y una doble factura: la salud y la normalización del sálvese quien pueda que, en muchos casos, se expresa en un aumento de ganancias de entidades sanitarias privadas, las cuales han incrementado el número de pólizas suscritas, evidentemente para los que pueden hacerlo. Una inequidad inadmisible en un sistema que se dice universal (El Diario.es, 29 de Diciembre de 2020).
Deberíamos preguntarnos qué ocurrirá sin la vigilancia adecuada con todas aquellas personas que padecen enfermedades crónicas, con aquellas a las que se ha diagnosticado tarde, mal y nunca. En 2020, y con respecto al año anterior, fueron detectadas un 21% menos de personas con enfermedades oncológicas (SEOM, 2020).
La salud mental de la población nos ha dado también un aviso contundente. La soledad impuesta, como efecto del confinamiento y las dificultades de subsistencia, han generado alteraciones en las personas más vulnerables y empeorado a las que ya las padecían, dejando al descubierto la precariedad de unos servicios fraccionados, desconectados y la mayoría en manos de organizaciones privadas.
Resulta bastante difícil abstraerse de una realidad que se muestra tozuda y persistente en el tiempo y que nos atañe a todos en el día a día. La solidaridad es necesaria, pero debe convivir siempre con el compromiso moral de cambiar un sistema que se ha mostrado injusto e irresponsable. Sin este binomio, podemos caer fácilmente en la beneficencia que normaliza la desigualdad.
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