Honduras. Justicia del narco-régimen de JOH envía a cárcel de alta seguridad a joven estudiante universitario por protestar

Defensores de derechos humanos y dirigentes estudiantiles criticaron que mientras un estudiante que no ha sido juzgado es enviado a prisiones construidas para reos de alta peligrosidad, los políticos señalados en casos de corrupción, reciben medidas alternas a la prisión o son enviados a los cómodos batallones del Ejército

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), denunció que el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, emitió una orden de prisión preventiva para el estudiante universitario, Hery Yovani Flores, por el supuesto delito de incendio agravado, amparados en la “Ley Antiterrorista” aprobada en 2017 para criminalizar la protesta social.

Durante la noche de este martes 22 de junio, agentes de la Dirección Policial de Investigación, DPI, arrestaron al joven estudiante de la carrera de Nutrición de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, acusado sin pruebas del siniestro que habría sido provocado el 24 de octubre de 2019 en perjuicio de una farmacia en una de las manifestaciones de la Plataforma para la defensa de la Salud y Educación.

El joven fue detenido mientras se desplazaba con su madre luego de participar en una movilización contra las inconstitucionales y privadamente lucrativas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDE, donde fue registrado en las instalaciones de la DPI en la colonia Kennedy de Tegucigalpa y luego trasladado al Juzgado en el barrio La Granja.

Cofadeh informó que el Poder Judicial decretó una audiencia «exprés» especial para la declaración de Hery, que terminó con la orden del juez de dictar prisión preventiva, y que el universitario fuera enviado al centro penal de “máxima seguridad” situado en El Porvenir, Francisco Morazán.

Defensores de derechos humanos y dirigentes estudiantiles criticaron que mientras un estudiante que no ha sido juzgado es enviado a prisiones construidas para reos de alta peligrosidad, los políticos señalados en casos de corrupción, reciben medidas alternas a la prisión o son enviados a los cómodos batallones del Ejército.

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