Chile. La jueza que dejó libre a carabinero que asesinó a artista callejero es madre del jefe de un departamento de la institución uniformada
De este modo, se visibiliza aún más la relación estructural entre el Poder Judicial y las fuerzas policiales del Estado chileno, como un todo de coacción, represión, y control social de carácter oligarca, racista y hasta nepotista a la hora de caer sobre las clases populares
María Eliana Llanos, ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, fue una de las juezas que promovió el cambio de medida cautelar del sargento Juan González Iturriaga, que benefició al asesino del joven artista callejero Francisco Martínez, hecho ocurrido en el centro de la ciudad de Panguipulli el 6 de febrero pasado. Después del fallo que favorece de manera extraordinaria al uniformado culpable del crimen, se difundió que la ministra es madre del Jefe del OS-7 (Departamento de Drogas perteneciente a Carabineros), capitán Alejandro Bruggink Llanos, lo que implica una evidente y grosera condescendencia con el carabinero procesado.
Este 10 de febrero, la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó la tímida medida cautelar del sargento de Carabineros, Juan González Iturriaga, por el asesinato del joven Francisco Martínez el pasado viernes en Panguipulli, dejándolo con una simbólica firma quincenal y arraigo nacional mientras dura la investigación.
Por su parte, el medio de comunicación social El Desconcierto informó que la ministra María Elena Llanos es madre del Jefe de la sección OS-7 de Carabineros, capitán Alejandro Bruggink Llanos, quien, además, habría estado implicado en un confuso accidente de tránsito en junio de 2009.
Llanos se desempeña desde comienzos de marzo de 2020 como ministra titular de la Corte de Apelaciones de Valdivia, tras 8 años de trabajo en la Corte de Apelaciones de Temuco.
El abogado penalista Jorge Gutiérrez, indicó que «el hecho de que tenga un hijo que forme parte de Carabineros (…) la magistrada tendría un cierto grado de condescendencia en este sentido».
De este modo, se visibiliza aún más la relación estructural entre el Poder Judicial y las fuerzas policiales del Estado chileno, como un todo de coacción, represión, y control social de carácter oligarca, racista y hasta nepotista a la hora de castigar a las clases populares.