Los vínculos de PP y Ciudadanos con Uber y Cabify que explican su política en contra del sector del taxi
Estas dos multinacionales que tributan en paraísos fiscales tienen entre sus objetivos acabar con un sector productivo, el taxi, compuesto mayoritariamente por autónomos que pagan sus impuestos en España
No es baladí que la ordenanza que debería regular las VTC lleve un año en “estado de alegaciones” en el Ayuntamiento de Madrid, aunque el plazo oficial debería ser de un mes. Tampoco es casualidad que el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, haya anunciado que eliminará la obligación de contratar con antelación un coche con conductor o que el Gobierno municipal de la capital de España vea con buenos ojos que el sector del taxi sea incluido en la aplicación de Uber, como desea la multinacional que tributa en paraísos fiscales.
Son muchos los políticos, tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento de Madrid, vinculados, directamente o a través de familiares, con Uber y Cabify y otros grandes tenedeores de licencias VTC, los enemigos del sector del taxi que ven cómo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha contratado con estas multinacionales ‘off shore’ el traslado de sanitarios a domicilios después de que los taxistas lo hicieran gratis durante el estado de alarma.
El caso más claro y descarado de esta vinculación, que explica el favoritismo de PP y Ciudadanos con las multinacionales Uber y Cabify, es Isaac Martín Barbero, actualmente viceconsejero de Economía y Competitividad, una de las seis consejerías de la Comunidad de Madrid que gestiona la formación naranja en su pacto de coalición con los populares.
Martín Barbero fue, hasta que lo llamó Ciudadanos para formar parte del Gobierno regional, director general de Ciudades y Comunidades de Cabify, unas de las multinacionales que trata de comerse al sector del taxi con prácticas abusivas y de competencia desleal y valiéndose de la capacidad de influencia sobre representantes políticos. Poco se conoce sobre las cuentas sociales y declaraciones tributarias de Cabify, debido a que su sede fiscal está en Delaware, un paraíso fiscal radicado en Estados Unidos y el destino ‘off shore’ más usado por las empresas del IBEX-35.
Mariano Silveyra, vicepresidente de Asuntos Públicos de Cabify, declaró en 2018 que trasladar la residencia fiscal de Delaware a un país responsable no estaba en sus planes. “No es algo que tengamos en mente en el corto plazo, no es algo que tampoco sea necesario”, dijo Silveyra.
Otro miembro del Gobierno de la Comunidad, a propuesta de Ciudadanos, es Carla Cabedo, actualmente directora de comunicación de la Vicepresidencia del Gobierno regional, cuyo titular es Ignacio Aguado. Al igual que Martín Barbero, Cabedo saltó directamente desde Uber, donde fue la directora de comunicación en España de la multinacional que, junto con Cabify, forma el duopolio de los VTC en España. Anteriormente, Carla Barbedo estuvo estuvo en nómina de Llorente y Cuenca, una de las grandes empresas lobistas de España, especializada en abrir las puertas de las instituciones a inversores del sector privado.
Unauto
José Luis Funes Moran, director de Relaciones Institucionales de Unauto VTC, la patronal del sector de vehículos de alquiler con conductor, no forma parte del Gobierno de la Comunidad ni del Ayuntamiento, pero es militante del PP. Llegó a ser candidato en los primeros puestos de la lista electoral de Hontoba en 2015, municipio de la provincia de Guadalajara.
Luis Miguel Boto, el que fuera concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid durante el periodo 2005-2015 y 2017-2019, registró una empresa de VTC en diciembre de 2019, a los pocos meses de perder su acta de edil en el Palacio de Cibeles. Pero no lo hizo en soledad. Alcalá Unauto Vip Services S.L. tiene, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, dos administradores, siendo uno el exconcejal del PP y otro, Alberto Berzal Marugán, hijo de José Manuel Berzal Andrade, exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid y exconcejal en el Ayuntamiento de la capital durante el mandato 2015-2019, donde coincidió con el socio de su hijo, Luis Miguel Boto.
A Berzal se le atribuye el Reglamento del Taxi, elaborado por la Comunidad de Madrid en 2019 –aplaudido por Uber y Cabify y criticado por el sector del taxi-. En 2018, este viejo conocido del PP madrileño, ocupó portadas de periódicos tras unas investigaciones de la Guardia Civil, en el contexto de la Púnica, que lo acusaban de ejercer su poder para intentar borrar noticias sobre una denuncia por acoso sexual de una militante del PP que se querelló contra él en 2008.
El ‘capo’ de las VTC
Alberto Berzal, el hijo del político del PP investigado dentro de la Operación Púnica, tiene otras empresas de vehículos de alquiler con conductor junto a José Antonio Parrondo, uno de los grandes tenedores de España. Parrondo, considerado uno de los ‘capos’ de las VTC en España, posee en su totalidad o de forma compartida más de 85 sociedades, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, que gestionan licencias de vehículos de turismo con conductor. Ángel Gutiérrez, otro de los grandes propietarios de licencias VTC y socio de Alberto Berzal, tiene también empresas inmobiliarias.
En 2016, Uber fichó a Ildefonso Pastor, exdiputado y exsenador del PP, como responsable de las relaciones institucionales de la multinacional que tributa en paraísos fiscales. El objetivo era que el antiguo político, ahora metido a hombre de negocios, usara sus contactos dentro del PP a favor de los intereses de Uber. “Hacer pedagogía de este nuevo modelo de negocio”, es a lo que se dedica Pastor, quien está ahora afanado en conseguir que Uber gestione el servicio de bicicletas municipales del Ayuntamiento de Madrid y en implantar el negocio de los patinetes electrónicos, una de las líneas más ruinosas de la multinacional ‘off shore’.