Es imposible entender las circunstancias del 3 de Noviembre de 1903 sin comprender los pormenores de las negociaciones que terminaron en la firma, y posterior rechazo, del Tratado Herrán-Hay. A su vez estas negociaciones tienen como referente obligado el Tratado Salgar-Wyse de 1878, por el cual Colombia concedió a los franceses la autorización para construir un canal interoceánico por Panamá.
El tratado con los franceses se hizo a una sociedad civil, con capital privado, sin presencia de tropas extranjeras, concediéndole 200 metros a cada lado, sin menoscabo de la soberanía colombiana, pagando una anualidad del 5% de la recaudación, con plazo de término de 99 años, con la debida fianza en caso de no cumplirse la obra en el tiempo estipulado, y la prohibición expresa (art. 21) de cederlo a cualquier gobierno extranjero.
En las negociaciones se hizo evidente que Estados Unidos pretendía construir un canal dominado militarmente por ellos, con una “zona” de 10 millas de ancho a cada lado, en la que regirían sus leyes, a perpetuidad, y con el “derecho” de imponer el orden el todo el territorio del Istmo. Para colmo, la Compañía Nueva del Canal pretendía vender sus derechos al gobierno norteamericano en 40 millones de dólares, lo cual estaba prohibido, y sin pagar un céntimo de indemnización a Colombia.
Estas diferencias explican que la opinión pública colombiana, y en gran parte de la panameña, así como el gobierno del presidente Marroquín y sus negociadores, dudaran de la conveniencia de un tratado en estas condiciones con Estados Unidos. Ello produjo un gran debate nacional, y finalmente la renuncia del negociador colombiano José Vicente Concha.
Antes de la firma del tratado el Ministerio de Relaciones Exteriores consultó opiniones de las personalidades más representativas de Panamá. Se hicieron tres preguntas: sobre la conveniencia de autorizar el traspaso de la Compaña Nueva del Canal a EEUU, qué arreglo debía hacer el gobierno con dicha compañía y cuál con EEUU. De Panamá salieron dos documentos distintos que expresaban diferencias, el primero firmado por Pablo Arosemena, Federico Boyd y José D. Obaldía. El segundo por Oscar Terán y Tomás Arias.
Ambas cartas constituyen documentos invaluables para comprender las circunstancias reales de la negociación con Estados Unidos, la seriedad de las dudas y temores que todos abrigaban, así como los matices de las opiniones, unas más proclives que otras a hacer concesiones, pero todas enfocadas a salvar la soberanía colombiana.
Sí, soberanía colombiana. Porque lo más llamativo de estas cartas, firmadas por cuatro personalidades que, año y medio después estarían directamente involucradas en la “separación”, es la comodidad con que hablan en nombre de la nación y la soberanía de Colombia. No hay ni una frase que aluda un conflicto de intereses entre el Departamento de Panamá y el estado colombiano. Este dato echa por tierra muchas de las afirmaciones que hoy se hacen a la ligera respecto al movimiento de 1903.
Firmado el Tratado Herrán-Hay, en enero de 1903, resultó que no sólo implicaba un menoscabo de la soberanía, pues quedaban segregadas bajo control norteamericano las 10 millas a cada lado del Canal, las aguas del Chagres, los puertos, el ferrocarril, etc., sino que la compensación económica era ínfima: 10 millones al momento de la firma, y 250 mil de anualidad una vez que entrara en funcionamiento. Sólo el ferrocarril pagaba esa anualidad.
Insignes panameños, como Belisario Porras, Juan B. Pérez y Soto, Oscar Terán, entre otros, se opusieron al tratado. Incluso José D. Obaldía propuso al Congreso su aceptación con modificaciones. Lamentablemente, para apurar un tratado que creían que se les iba de las manos, algunos de estos personajes olvidaron sus propios consejos, legitimando una separación de Colombia impuesta desde EE UU y avalando el Tratado Hay-Bunau Varilla, firmado el 18 de noviembre de 1903 y que era peor que el Tratado Herrán-Hay.