Por un Plan de Emergencia Social

Después de ocho meses de pandemia, de haber rebasado la cifra de un millón de contagiados, de más de 38.000 muertos oficiales (58.400 según el Servicio de Monitorización de la Mortalidad) y sin ningún tipo de inversión en la mejora del Sistema Público de Salud, nos encontramos nuevamente en la casilla de salida con la declaración de un nuevo estado de alarma, con toques de queda, restricciones a la movilidad, confinamientos perimetrales, etc… Todas ellas medidas de carácter represivo para con la clase obrera, ya que unas medidas de este calado si no van acompañadas a garantizar la calidad de vida de la mayoría de la población no tienen otro sentido que el de reprimir la respuesta social ante el aluvión de despidos, el empeoramiento de los servicios públicos en general y la nula protección social.

Durante estos últimos meses, atenuados los efectos de la primera ola y visto lo deficitario que está el sistema público salud se debería haber fortalecido y potenciado LA SANIDAD PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN SOCIAL, ningún gobierno lo ha hecho, ni central ni autonómico, de hecho se mantiene adelante el proceso privatizador iniciado con la ley 15/97 y otros acuerdos más recientes como el “Pacto Cajal” que supone la introducción de la gestión empresarial de la sanidad. En algunas CC.AA el número de camas de UCI ocupadas por pacientes Covid-19 se acerca peligrosamente al 50%. Continúan los contagios masivos en las residencias y la pésima situación en ellas porque para nada se ha mejorado el servicio, el personal sanitario sigue siendo escaso con mínimas contrataciones y a los trabajadores y trabajadoras contagiadas no se les sustituye.

Los centros educativos no se encuentran en una mejor situación, con grupos confinados, falta de profesorado y medios para impartir clases con seguridad, ocurrencias como que los alumnos se hagan las PCR`s ellos mismos, transportes públicos masificados con hacinamiento en las horas punta y sin medidas para reforzar la oferta en las horas de máxima afluencia de cara respetar las medidas de distanciamiento entre usuarios. Se improvisan medidas y decretos por días extendiendo la confusión y el desánimo entre la población. En un Gobierno del PSOE-UP que se autodenomina como “el más progresista de la historia” no hay disputa alguna sobre la adopción de un autentico PLAN DE CHOQUE de medidas sanitarias y sociales que garanticen la salud y un confinamiento sin que el pueblo pase hambre. Que garantice la contratación y el reforzamiento del sistema sanitario público para evitar el colapso del mismo, que garantice la atención primaria y el seguimiento de los positivos que se den y que no signifique el deterioro de la salud por otras enfermedades que no sean el Covid 19. Y que por supuesto que no suponga el empeoramiento de la calidad de vida de la clase obrera tal como lo estamos viendo a diario.

En el punto álgido de la pandemia durante el mes de Marzo, se adoptaron una serie de medidas que sin duda fueron más que insuficientes para la protección de los trabajadores y trabajadoras y su calidad de vida. Todo el mundo ha visto como se seguían produciendo desahucios, miles de problemas para acceder al IMV o los ERTE que todavía no han cobrado miles de personas. Por contraparte las empresas sin embargo han salido otra vez muy beneficiadas, por ejemplo con la aprobación de los ERTE, ha supuesto que éstas se libren de tener que aportar los salarios a sus trabajadores y lo asuma el Estado, cometiendo todo tipo de tropelías como que trabajadores en ERTE sigan trabajando en la empresa, bajas voluntarias obligadas o despidos encubiertos. La banca ha sido otra gran beneficiada de todas las medidas tomadas ya que bajo la pantomima de los créditos ICO se le ha regalado millones de euros para que los gestionen bajo las condiciones que ellos quieran.

Queremos denunciar la sistemática criminalización que se hace de la juventud, el enfoque mediático en la responsabilidad individual, de los médicos y enfermeras que convocan huelgas porque no llegan los medios sanitarios que se necesitan, las concentraciones y manifestaciones de los barrios obreros reclamando más recursos para la atención primaria, mientras que ministros y ministras o diputados y diputadas asistían a fiestas multitudinarias junto a los pilares del Sistema (grandes empresarios, ejército o medios de comunicación) horas después de votar el estado de alarma.

Por ultimo desde co.bas nos oponemos a toda medida que pretenda recortar el derecho de expresión en nombre de la lucha contra la pandemia. Denunciamos que se está prohibiendo en los hechos el derecho a la huelga, utilizando el mecanismo de los servicios mínimos, como viene sucediendo desde hace mucho tiempo y especialmente en estos días de las diferentes huelgas del personal sanitario. Así como también denunciamos las medidas implantadas por el Estado de Alarma que no obedecen sino a un mayor control social y no sanitario.

Desde co.bas hacemos un llamamiento a apoyar todas las luchas y alentar la movilización exigiendo que se adopten las medidas sociales y sanitarias necesarias para hacer frente a la pandemia. No merece confianza ningún gobierno que se preocupa más en rescatar a las empresas del IBEX35 que a su propio pueblo. La actual coyuntura ha sido provocada debido a la incapacidad de nuestro actual sistema económico de dar ningún tipo de respuesta coherente y racional a una crisis, que si bien se ha agravado por el estallido de la pandemia, ésta llevaba gestándose desde hace décadas.

Desde Co.bas hacemos un llamamiento a las organizaciones sindicales, obreras y populares a oponerse a todas las medidas antipopulares citadas anteriormente, exigiendo verdaderos planes de emergencia sanitaria y social, a la unidad de acción. Con todas las medidas de seguridad necesarias, es:

 

co.bas planteamos la siguientes reivindicaciones urgentes y necesarias:

1.- DEFENDER LOS SERVICIOS PÚBLICOS UNIVERSALES Y DE CALIDAD

Para ello reforzar la Sanidad Pública y la atención primaria revirtiendo todos los recortes anteriores, mejorando sus condiciones de trabajo y poniendo todos los recursos necesarios al servicio de esta lucha contra la pandemia, incautando el negocio de la sanidad privada.

Señalar la necesidad de derogar la ley 15/97 y todas normas que han legitimado la privatización y el desmantelamiento del sistema público de Salud, culpables de tantas muertes hoy.

Devolver a manos públicas todos aquellos servicios públicos esenciales privatizados, como la gestión de las Residencias de Mayores, que se están desempeñando con un alto grado de degradación precariedad del servicio donde se ha visto que la gestión privada ha supuesto ser nefasta en el mantenimiento de la salud de nuestros mayores.

Blindar completamente el Sistema Público de Pensiones, exigiendo para ello la eliminación de los Pactos de Toledo y todos acuerdos que llevan a su progresiva privatización.

 

2.- DEROGACIÓN INMEDIATA DE TODAS LAS REFORMAS LABORALES

Prohibición real de los despidos y que cualquier que se produzca en la situación actual sea considerado nulo.

Garantizar un Subsidio de paro indefinido que garantice las necesidades de los trabajadores y trabajadoras.

Luchar por la erradicación de toda forma de precariedad en todas sus vertientes: temporalidad, salarios míseros, despidos impunes, brecha salarial hombre-mujer…

Blindar los puestos de trabajo ante los despidos encubiertos que representan los ERTES y ERES prohibiendo éstos últimos que ya han comenzado a anunciar muchas empresas condenando al despido a miles de trabajadores, empezando por empresas multinacionales como INDRA donde el Estado tiene una participación del 18,7%

 

3.- POR UN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL

Que realmente proteja la vida y calidad de la mayoría social que es la clase trabajadora.

Exigir que se garantice realmente el derecho a la vivienda exigiendo la prohibición real y total de todos los desahucios y la creación de un parque público de vivienda que realmente de una solución a la problemática de la vivienda.

Denunciar el Ingreso Mínimo Vital ya que no recoge las necesidades vitales ni es universal ya que no a todo el mundo que ha pedido la solicitud le ha sido concedido, además quien ha conseguido acceder a él pasa penurias hasta que cobra. Ni evita que sigamos viendo las cada vez más numerosas colas del hambre en este país.

Exigir la derogación del artículo 135 de la Constitución que prima el pago de la deuda ilegítima ante las demás políticas sociales, creada en su día a medida de la banca y la UE.

Exigir la devolución íntegra de los rescates bancarios y subvenciones a grandes empresas. No contentos con lo recibido a fondo perdido años atrás, ahora la banca recibe la gestión directa de dinero público a través de los créditos ICO con los que hacen negocio poniendo las condiciones que ellos quieren.