Madrid: Por una residencia 100% pública y de proximidad para los mayores de Orcasur

Hoy la Residencia San José, ubicada en Orcasur, atiende a 39 ancianos y ancianas autónomos, con plenas capacidades físicas, y casos de emergencia social, ya que muchos de ellos no tienen familia. El suyo es un modelo de residencia de proximidad con un número limitado de plazas porque estaba pensada para dar un trato personalizado a sus residentes, muy arraigados en el entorno. De hecho, muchos de ellos colaboran en programas educativos con los colegios de las inmediaciones como el Montserrat o el María Reina. Se trata de diversas actividades de convivencia intergeneracional — carnavales, Navidad, lectura de cuentos, etcétera— con las que este colegio ha buscado paliar la soledad de los mayores y que han conseguido generar vínculos de apoyo mutuo muy importantes entre estas personas y los menores de la zona, muchas veces en situaciones de precariedad afectiva y desarraigo familiar. Se generaba así toda una red de convivencia a partir de la colaboración entre todas estas entidades que estaba funcionando positivamente y que se cerraba con el comedor social de la Comunidad de Madrid situado en el mismo complejo de la residencia de mayores.

Pero todas estas sinergias y proyectos, lo logrado por años de lucha vecinal y la labor del Ayuntamiento, parece que va a verse trastocado por una misiva fulminante. De la misma manera en que se trasladan unos muebles viejos, la Comunidad de Madrid ha conminado a los mayores de San José a elegir en 48 horas un nuevo destino. La falta de adecuación de la residencia San José a las necesidades de las personas altamente dependientes ha sido la excusa sinsentido para justificar su cierre. Algo insólito en un contexto de envejecimiento acelerado de la población y de listas de espera eternas para poder obtener plaza en las residencias. Pero además, la calidad de los servicios públicos para personas mayores vendrá determinada por su capacidad para dar respuesta no solo a una demanda creciente, sino también  para atender las necesidades de una población cada vez más heterogénea. Residencias como la de San José son un recurso ideal de proximidad para mayores que no desean o no pueden vivir solos, sin que ello signifique que sean altamente dependientes, y para los que mantener la cercanía con sus lazos familiares y vecinales es importante y se traduce en calidad de vida. Por supuesto, el comedor social también se vería cerrado junto con la residencia.

Y es que la señora Cifuentes ha vuelto a demostrar que los planes de gobierno de la Comunidad de Madrid son papel mojado. En el reciente debate sobre el estado de la Comunidad de Madrid, la señora Cifuentes nos presentaba su Plan de Residencias de Mayores 2017-2020 repleto de promesas sin detalle presupuestario. Una vez más, pura propaganda, algo en lo que el nuevo y el viejo PP son unos profesionales. En este Plan lo que no se decía es que poco a poco se van a ir desmantelando los servicios públicos de la región. Cifuentes y su escudero, el Consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, pretenden ocultar que cierran una residencia de mayores pública. Una decisión alarmante ya que en la Comunidad de Madrid existen unas listas de espera de 7.000 personas para residencias de ancianos y solo hay 25 de gestión directa en toda la región de una red de 500 residencias, donde queda claro que existe una aplastante mayoría de concertadas y privadas. Por no mencionar que el cierre de esta residencia se lleva a cabo en un distrito que en mayo de este año aprobó en su pleno, a instancias del Foro Local y con la abstención del Partido Popular, cómo no, instar a la Comunidad de Madrid para la construcción de residencias de proximidad en cada uno de sus barrios. La Junta de distrito de Usera comunicó esta decisión del pleno a la Comunidad y su respuesta ha sido no solo no construir otra residencia sino acabar con lo poco existente.

Los familiares, residentes y trabajadores y trabajadoras se han tenido que enterar por la prensa de los planes de la presidenta. A la parte social se le ha negado la negociación colectiva y los trabajadores y trabajadoras, cuyos sindicatos se oponen al cierre, serán desplazados si nada lo detiene a otros centros de la Comunidad. Esperemos que no les tengan preparado centros ubicados en destinos tan lejanos y fuera de la ciudad de Madrid como Parla o Tres Cantos, a los que hoy conocíamos que la Comunidad piensa enviar a muchos de los mayores, de manera totalmente impune si el movimiento vecinal no lo impide, ya que muchos de ellos como señalábamos antes no tienen parientes cercanos.