(Vídeo) Ruymán Rodríguez: «Muchos colectivos antidesahucios han sido domesticados por el gobierno»

El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria denuncia la responsabilidad de estos colectivos «cooptados» en el incremento de los desahucios.

Ruymán Rodríguez, miembro del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, denuncia que en Canarias, como en el resto del Estado español, el número de desahucios no deja de crecer exponencialmente, con el silencio cómplice de determinados colectivos, plataformas y sindicatos, que -según este militante social- parecen «haber firmado una suerte de armisticio con el Gobierno central y otras administraciones «del cambio y el recambio», para hacer cómo si este drama no estuviera sucediendo (…).

El pasado jueves, 23 de septiembre, 13 familias que forman parte de una comunidad autogestionada de Gran Canaria, La Ilusión, recibían un auto de lanzamiento promovido por la Sareb, el llamado «banco malo», en el que se les daba un plazo de sólo cuatro días para abandonar sus casas. La inmediata movilización promovida por el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria permitió paralizar esta decisión judicial.

Ruymán Rodríguez, miembro destacado de este sindicato  denuncia, sin embargo, que más allá de estas victorias concretas, en Canarias, como en el resto del Estado español, el número de desahucios no deja de crecer exponencialmente, con el silencio cómplice de determinados colectivos, plataformas y sindicatos, que -según este militante social- parecen «haber firmado una suerte de armisticio con el Gobierno central» y otras administraciones «coloridas, del cambio y del recambio», para hacer cómo si este drama no estuviera sucediendo.

   «Hay dos factores – afirma Rodríguez – que permiten entender el porqué de este crecimiento de los desahucios. Uno es, lógicamente, el grave empeoramiento de las economías domésticas como consecuencia de la pandemia. Especialmente en Canarias, donde muchas familias dependen para sobrevivir de la economía sumergida o del monocultivo del Turismo».

 «Pero el otro – añade – que a mí me preocupa especialmente como militante por el derecho a la vivienda, tiene que ver directamente con estos colectivos totalmente domesticados que, por subvenciones, por amiguismos, o por lo que sea, han dejado de actuar y de denunciar para no «perjudicar» al gobierno».

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